El caso Accendo Banco en Puebla ha vuelto a causar polémica, pues se descubrió que altos funcionarios del difunto exgobernador Luis Miguel Barbosa Huerta incurrieron en desvío de recursos públicos y encubrimiento.

El tema surgió en abril de 2023, cuando el actual gobierno de Sergio Salomón Céspedes Peregrina reveló que en junio de 2021 la administración barbosista entregó 605 millones de pesos de recursos públicos a dicha institución bancaria, supuestamente con la intención de invertir el dinero.

Esto a pesar de que había una alerta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) donde advertía el riesgo de invertir en Accendo, por inconsistencias en su capital, que no daban certidumbre sobre su estabilidad financiera.

Para septiembre de ese año, tres meses después de la inversión del gobierno de Puebla, el banco se declaró en quiebra y entró en proceso de liquidación, con una lista de más de 600 acreedores en espera de recuperar su dinero.

Este hecho derivó en la renuncia de la titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro, pero a la fecha el estado sigue sin recibir el monto invertido y es posible que no se tenga de vuelta o solo se recupere una parte.

Por lo anterior, la Secretaría de la Función Pública (SFP) emprendió una investigación que tardó más de un año y apenas el martes dio a conocer los hallazgos, concluyendo que dos altos funcionarios incurrieron en faltas administrativas graves, por lo que serán sometidos a procesos de determinación de responsabilidades.

Por tratarse de casos en curso, el titular de la SFP, Juan Carlos Moreno Valle Abdala, se reservó los nombres de los acusados, pero detalló que enviará los expedientes al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para que este emita una resolución con las sanciones correspondientes, que podrían ser multas e inhabilitaciones para ejercer cargos públicos, además de posibles denuncias por la vía penal.