La reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador se abordará este fin de semana en el Senado de la República, sin embargo, tendría que suspenderse su discusión tras las suspensiones otorgadas por el poder Judicial.
Así lo advirtió José Luis Gómez Martínez, magistrado del Poder Judicial de la Federación (PJF), al sentenciar que la iniciativa es regresiva, vulnera la división de poderes, al Estado de Derecho y los derechos laborales.
En entrevista, el colegiado del segundo tribunal del Décimo Circuito, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, enfatizó que la reforma representa un acto dictatorial, por transgredir la autonomía de un poder público.
Reforma regresiva
El magistrado alertó que la reforma avalada en la Cámara de Diputados es regresiva porque suprime, acota o vulnera derechos existentes y la Constitución del país establece el principio de progresividad.
Esto quiere decir que las reformas y leyes que emanen del Congreso de la Unión no pueden retroceder en lo que se ha avanzado y mucho menos desaparecer de tajo instituciones ya consolidadas que cumplen funciones específicas.
Es por ello que el Consejo de la Judicatura y el sistema de Carrera Judicial no tendrían que desaparecer como prevé la iniciativa, como tampoco pueden atacarse los derechos de trabajadores con despidos masivos solo para reemplazar al personal.
La inamovilidad, los fondos para incentivos. pensiones y demás apoyos también son derechos que están en riesgo, lo cual sería una ilegalidad, aunque en el discurso oficialista se consideren “privilegios”.
Peligra Estado de Derecho
Gómez Martínez advirtió también que con la reforma judicial peligra el Estado de Derecho y la división de poderes, porque a través de ella el poder Ejecutivo busca someter al Judicial, mediante la colocación de personas afines al régimen y su partido político.
Esto se anticipa en la elección de jueces y magistrados por voto ciudadano, dado que no hay criterios ni garantías que eviten la postulación de personajes con vínculos o afinidades políticas.
Además, los términos establecidos por el Congreso de la Unión emanaron del Ejecutivo, sin considerar las demandas ni opiniones del Judicial, lo cual representa un atropello y una medida autoritaria.
Por todo lo anterior, dijo que son apegadas a derecho las suspensiones concedidas por juzgadores de Morelos y Chiapas, que ordenan frenar la discusión de la reforma, debido a que debe de revisarse la constitucionalidad de su proceso legislativo y contenido.
Ante la gran posibilidad de que no se acaten las suspensiones y la iniciativa se avale en el Senado, se prevén amparos y recursos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) antes de que la legislación pueda surtir efectos.
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