La reforma judicial de AMLO comenzó a discutirse en comisiones del Congreso de la Unión luego de la polémica que ha generado en diversos sectores de la población, así que te presentamos los 10 puntos clave para saber de qué trata.
Este fin de semana se llevó a cabo una marcha nacional contra la iniciativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por parte de personal del Poder Judicial de la Federación (PJF), incluidos jueces y magistrados, para reclamar diversos aspectos de la legislación.
El gobierno federal, Morena y sus aliados han defendido la propuesta, al señalar que busca restar burocracia, combatir la corrupción y democratizar la designación de juzgadores a través de la elección mediante el voto directo de la ciudadanía.
¿De qué trata la reforma judicial de AMLO?
- Sustitución masiva de personal: con una elección en 2025 iniciaría el remplazo de ministraturas, magistraturas y juzgados, que se replicaría gradualmente en todos los circuitos del PJF del país.
- Acotación de amparos, controversias y acciones de inconstitucionalidad: se prohíbe conceder suspensiones de leyes con efectos generales.
- Eliminación del Sistema Nacional de Carrera: que actualmente permite ascender con base en exámenes, evaluaciones y experiencia
- Recorte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): reducción de 11 a nueve ministraturas, eliminación de las dos salas y disminución de su periodo, de 15 a 12 años.
- Sustitución del Consejo de la Judicatura Federal para dividir sus funciones en: un Tribunal de Disciplina Judicial y un Órgano de Administración Judicial.
- Elección de ministraturas, magistraturas y juzgados: en 2025 se llevaría a cabo la primera elección extraordinaria, con 30 candidaturas, propuestas por los tres poderes de la Unión.
- Campañas de candidaturas: tendrán una duración de 60 días, sin financiamiento público ni privado. Partidos políticos no podrían intervenir a favor ni en contra.
- Poderes judiciales locales definirán reglas para elección de juzgados y magistraturas.
- Plazos para resolución de juicios: 6 meses para casos fiscales y un año para penales.
- Recorte presupuestal: extinción de pensiones para el retiro de ministraturas y juzgados, así como fondos para salud y servicios personales.
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