El exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, quien enfrenta acusaciones de tortura, ha sido liberado después de tres años y seis meses de detención, según informó la periodista y escritora Lydia Cacho. Marín fue detenido en Acapulco en 2021 y posteriormente recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cerefeso) de Almoloya, conocido como el Altiplano.

Lydia Cacho, autora del libro «Los Demonios del Edén», dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Twitter, donde señaló que la jueza Angélica del Carmen Ortuño Suárez, quien presidió la audiencia, impuso una multa de 100 mil pesos al exgobernador. Según Cacho, la jueza decidió liberar a Marín, argumentando que el delito de tortura del cual se le acusa no amerita prisión preventiva.

La periodista expresó su frustración al afirmar que la liberación se dio «justo en la recta final» del proceso judicial en el que se esperaba una sentencia firme por el delito de tortura. «Así el poder del exgobernador de Puebla dentro del Poder Judicial», escribió Cacho en su cuenta de Twitter, subrayando la influencia que Marín aún podría tener dentro del sistema judicial mexicano.

Durante la audiencia, los abogados de Cacho exigieron que, al menos, Marín lleve un brazalete electrónico para su monitoreo, pero la jueza no accedió a esta petición. La periodista también destacó que la decisión de la jueza de liberar a Marín, al igual que a Adolfo Karam, exjefe de la policía de Puebla, representa un giro inesperado en el caso, lo cual, según ella, echa por la borda 15 años de esfuerzos, incluyendo la intervención de la Interpol.

Cacho, quien fue víctima de tortura tras la publicación de su libro, ha sostenido en tribunales internacionales que Marín está vinculado a redes de trata infantil. En su mensaje en redes sociales, denunció que la liberación de Marín es un reflejo de las «redes criminales al interior del poder judicial» y cuestionó el papel del presidente Andrés Manuel López Obrador en este caso.

La liberación de Mario Marín, conocido como el «góber precioso», ha suscitado fuertes críticas y pone en entredicho la imparcialidad del Poder Judicial en México. Marín, acusado de haber ordenado la tortura de Lydia Cacho en 2005, enfrentará el resto del proceso judicial en libertad, lo que ha generado un intenso debate sobre la protección de derechos en casos de alto perfil y la lucha contra la corrupción en el sistema judicial mexicano.