El pasado viernes, 5 de julio, el colectivo EPUMx entregó un informe general y 17 bloques temáticos previo al Examen Periódico Universal (EPU) sobre México que el consejo, compuesto por representantes de los Estados miembros de la ONU, realizó en Ginebra, Suiza.
El colectivo EPUMx está integrado por 200 organizaciones de la sociedad civil. EPUMx entregó este informe alternativo, que es un instrumento de monitoreo sobre el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
El informe
El Colectivo EPUMx alerta sobre la postura de negación del gobierno de López Obrador. Esta postura afecta “el diseño de políticas públicas y programas orientados a la prevención y erradicación de los abusos”. De acuerdo las organizaciones de la sociedad civil, la postura del presidente de la República exacerba la situación. Asimismo, genera retrocesos «en la garantía y protección de determinadas poblaciones y derechos». Lo anterior, debido a que el presidente niega que exista una crisis de derechos humanos, «arguyendo que en México ya no se violan derechos humanos».
El colectivo EPUMx destaca “situaciones de riesgo para el ejercicio del derecho a defender derechos humanos y la libertad de expresión”. Gran parte de esto, por los “mensajes de deslegitimación contra organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos, activistas, periodistas y medios de comunicación e, incluso, operadoras de justicia y organismos internacionales”.
En el informe, el colectivo señala situaciones particularmente alarmantes como la situación de familiares de personas desaparecidas y de defensores del medio ambiente y de la tierra. Los actos de agresión contra estos sectores son diversos, documentándose en el presente sexenio 10 y 82 asesinatos, respectivamente.
Asimismo, se informa del espionaje realizado a defensores y periodistas. Este espionaje por parte del ejército, con el malware Pegasus. Además, de la reserva de información sobre los contratos relacionados con el malware por parte del Gobierno.
EPUMx detalla con preocupación la militarización de la seguridad ciudadana y de la política migratoria, las ejecuciones a cargo de las fuerzas armadas, la falta de objetividad y exhaustividad en las investigaciones de la FGR, el incremento del nivel de impunidad en delitos como desaparición forzosa y homicidio doloso, uso exacerbado de la prisión preventiva oficiosa, el aumento de personas desaparecidas y la crisis forense con más de 52 mil cuerpos (en poder del Estado) sin identificar.
Entre los diversos temas abordados por los colectivos, destaca la actuación de la CNDH y el debilitamiento de órganos autónomos. En cuanto a la CNDH,su cercanía de la presidenta con el gobierno federal le resta independencia. Por otro lado, está la falta de nombramiento de tres comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) por el Senado.
Respuesta del Estado Mexicano
En respuesta, el gobierno de México reconoció y aceptó 304 de las 318 recomendaciones. De las 14 restantes, sólo tomó «nota», sin comprometerse a hacerles frente. Entre éstas, es decir, las no aceptadas se encuentran la militarización, el espionaje, la movilidad humana y el desplazamiento interno forzado.
Con respecto al examen de 2018, se incrementó en 20% el número de recomendaciones, pero se disminuyó la aceptación de estas, pasando de 2 a 14.
