El pasado 5 de febrero el representante del Ejecutivo Federal presentó una serie de iniciativas de reformas. Entre las inciativas presentadas hay algunas que benefician a las y los trabajadores y que se antoja aprobarlas en fast track. Una reforma constitucional sirven para modificar parcial o completamente un artículo de la Constitución. Por ello es importante saber qué se va a modificar, si se necesitan recursos y de dónde saldrían.
Las reformas en materia laboral propuestas por el presidente son garantizar vivienda a trabajadores y sus familias, un aumento salarial mayor a la inflación anual, pensionar al 100% a trabajadores del Seguro Social e ISSSTE y retabular el salario mínimo de maestras y maestros de educación básica de tiempo completo, policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos y efermeras, para que su salario sea igual o mayor al promedio de los trabajadores inscritos al seguro social. Pero hay que leer las letras chiquitas…
Que los trabajadores y sus familias puedan ser dueños de sus viviendas
Con esta iniciativa se pretende que todos los trabajadores tengan acceso a una vivienda. Sin embargo, sólo contempla a trabajadores formales, es decir, aquellos que están inscritos al IMSS y gozan de las prestaciones de ley, pues harían uso de su crédito para la adquisición de su casa. Además, no necesariamente señala que los trabajadores sean dueños del lugar donde viven, sino que abre la opción de que puedan rentarle al Infonavit, a un precio menor.
La reforma al artículo 123 de la Constitución, también faculta al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores como constructora de viviendas.
En cuanto al arrendamiento, el Infonavit, como arrendatario, daría preferencia a personas trabajadoras que no tengan vivienda propia.
Los expertos señalan que esta, y otras reformas, no son claras sobre el origen de los recursos necesarios para ponerlas en marcha. En este caso, a su vez, preocupa la especulación inmobiliaria derivada de la falta de controles y que se deja fuera de esta iniciativa a todas aquellas y aquellos que trabajan en la informalidad, que representan más del 50% de la población.
Aumento al salario mínimo mayor a la inflación anual
Cada año el salario mínimo se incrementa. El actual gobierno federal ha negociado los ajustes al salario mínimo con el sector patronal para que estos aumentos sean iguales o superiores a la inflación. En esta ocasión pretende que estos incrementos ya no se negocien, sino que queden garantizados en la Carta Magna gracias a la reforma constitucional propuesta.
Para los trabajadores, esta condición podrían impactarles de manera positiva al aminorizar la afectación a su poder adquisitivo. Actualmente, el salario mínimo general en México es de $248.93 y en la Zona LIbre de la Frontera Norte es de $374.89.
Salario mínimo igual o mayor al promedio de los trabajadores inscritos al seguro social.
Con esta propuesta se busca beneficiar a maestras y maestros de educación básica de tiempo completo, policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos y efermeras. Consiste en que por ley se garantice su salario no sea inferior al salario promedio registrado ante el IMSS.
El motivo detrás de esta propuesta es darle un sueldo «justo y digno para quienes hacen de estas áreas pilares del desarrollo social». La reforma beneficia a personal de Estado en estas áreas. Así mismo, contempla la actualización anual de acuerdo a la inflación.
Pensiones al 100%
¿Cómo te caería pensionarte con el 100% de tu salario?, ¿suena bien, no?, pues eso mismo pensó el presidente de los Estados Unidos Mexicanos al proponer la reforma constitucional en materia de pensiones.
Esta reforma no sería en beneficio de todos los trabajadores afiliados al IMSS, sino sólo de aquellos que perciben menos de $16,777 mensuales. Aún no especifícan la cantidad designada para derechohabientes del ISSSTE.
¿De dónde pagará lo correspondiente a cada iniciativa?
Se desconoce de dónde el gobierno sacará todos los recursos económicos con los que pretende llevar a cabo tan ambicioso proyecto. Sólo ha detallado en relación a las pensiones.
Para las pensiones se destinará un «capital semilla». Este capital semilla es de 64 millones de pesos. De acuerdo con el gobierno, este capital no compromete los ingresos del país y provendrá de: Recursos de operaciones del INDEP (Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado), venta de terrenos del Fonatur (Fondo Nacional de Fomento al Turismo), cobro de adeudos de entidades públicas con el ISSSTE, IMSS y SAT, recursos provenientes de la aplicación del art. 302 y la LEy del IMSS y 37 de la Ley del Infonavit, así como con la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rura, Forestal y Pesquero.
Los recursos posteriores provendrán de hasta el 25% de las utilidades de la Sedena y de la Marina, de los ahorros de la extinción de los organismos autónomos, los fideicomisos elimandos (y todavía no liberados debido a diversas demandas) del Poder Judicial, así como de los rendimientos de inversiones del Fondo de Pensiones del Bienestar.
Las voces de los expertos sobre las reformas constitucionales en materia laboral
Con respecto a los recursos complementarios para llevar a cabo estas reformas, varios especialistas han dado razones contundentes para dudar de la viabilidad de este proyecto. Una de las dudas es ¿cómo le hará el gobierno, el actual y el próximo) para pagar las pensiones con las utilidades del tren maya, el AIFA y Mexicana si éstos tienen pérdidas y se preveé, por ejemplo, que Mexicana llegue a su punto de equilibrio hasta el 2030. Ni hablar del Tren Maya, del que no pueden dar una fecha estimada para que llegue al punto de equilibrio, y su director, Óscar Lozano, se limitó a decir que el punto de equilibrio se alcanzará cuando el tren opere con transporte de carga.
Una reforma constitucional requiere de dos terceras partes de los legisladores presentes en la cámara. Será interesante escuchar la discusión sobre estos temas, ¿o tú qué crees?
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