Abel Cuapa

Este lunes, trabajadores del Poder Judicial Federal en Puebla (PJF) se manifestaron en contra de la desaparición de fideicomisos, con el propósito de exigir respeto a sus derechos laborales.

Los trabajadores se unieron a las protestas que se desarrollaron a nivel nacional como respuesta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que pretende eliminar la existencia de 13 de los 14 fondos y fideicomisos del PJF, con un valor total de 15,434 millones de pesos.

«No somos fifís, sabemos servir», “Respeto a los derechos laborales adquiridos”, “todos tenemos una hora de entrada, pero no de salida”, “Por justicia imparcial”, “nuestros derechos no se tocan”, fueron parte de las consignas que lanzaron los trabajadores del Poder Judicial Federal en Puebla.

Como parte de las protestas, cerraron algunas vialidades aledañas a la sede principal, “No hay acceso hasta que se respeten nuestros derechos”.

“Nuestra labor, así como la de cualquier profesionista, vale. Jamás en la vida habíamos salido a manifestarse, porque siempre el Poder Judicial se mantiene al margen de todas las indicaciones, pero al vernos vulnerables, salimos un poco”, sentenció una de las trabajadoras que protestaron.

Fideicomisos son excesos

Al respecto, el diputado federal de Morena, Ignacio Mier, retó a demostrar que la eliminación de fideicomisos afecta a los trabajadores del Poder Judicial, ya que sostiene que estos no están vinculados de ninguna manera con los derechos laborales ni sociales que los empleados del PJF han adquirido.

“Yo pienso que es una mala estrategia de la presidenta como instrumento a los trabajadores; eso es falso y reto a cualquiera de los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a que demuestren que los fideicomisos les apoyan”, subrayó.

Acusó que los fideicomisos destinados a la Prima Cortes de Justicia de la Nación suman más de 6 mil millones de pesos, solo son para compensaciones extraordinarias en materia de pensiones, jubilaciones, gastos médicos, y otros gastos, todo ellos, “ubicados fuera de los que la ley les establece y les tienen garantizados, es decir, para excesos y gastos que no están considerados para el resto de los trabajadores en México”.

El diputado también subraya que, en el caso de los 22 ministros jubilados, el costo promedio para los mexicanos es de 10 millones de pesos al año por cada uno de ellos.