Por Amaranta Sáez

El caso de Félix Salgado Macedonio, Senador, exdirector de la Jornada de Guerrero, exalcalde de Acapulco y ahora precandidato registrado por Morena a la gubernatura de Guerrero en las próximas elecciones de junio, revive uno de los mayores miedos de las mujeres en México: que el acceso a la justicia puede llevarnos a la muerte.

Este miedo, para nada irracional, es uno de los principales obstáculos para fortalecer la cultura de la denuncia en nuestro país, puesto que nos vemos inmersas en una sociedad que estimula la impunidad a través de sus figuras de poder, mensaje que se traslada a todos los ámbitos de la vida cotidiana: si el marido golpeador regresa y se lleva a los hijos, si el amante publica las fotografías íntimas, si la figura pública hace uso de su influencia para desaparecer el caso, si se pone en riesgo la vida misma para silenciar no sólo a la víctima, sino a todo el género.

Salgado Macedonio está siendo acusado por la violación en 1998 de “Paulina”, quien mantiene el anonimato por seguridad. La entonces menor de edad lo denunció formalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) a finales de 2020, órgano que desestimó la denuncia pues los delitos sexuales en nuestro país prescriben a los 14 años. Qué perturbador.

A esta, se le suma otra acusación por violación realizada en 2017 por una empleada del periódico La Jornada de Guerrero, del cual él era director. La mujer, de quien tampoco se publica el nombre, asegura haber sido drogada y violada por el político cuando estaba en casa de Salgado, en 2016. Además, afirma haber sido chantajeada, violada y golpeada por el político en repetidas ocasiones.

En 2007, la entonces coordinadora de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Acapulco, Angelina Mercado Carbajal, le denunció por acoso sexual, abuso de autoridad, intimidación y falsa acusación, durante el periodo de Salgado como presidente municipal de Acapulco, de acuerdo con medios como El País y Milenio.

Además, también es señalado por abuso sexual por una militante de Morena durante la campaña electoral de Félix Salgado para senador en 2018 y, por si fuera poco, la escritora Marxitania Ortega relató un hecho similar a través de sus redes sociales.

Ahora, para entender las raíces del abuso sexual, tenemos que establecer la correlación que tiene con el ejercicio de poder sobre la víctima. La violación no es simplemente “desatada” por ese inventado deseo sexual exasperado que acompaña la construcción social de la virilidad masculina, como durante décadas nos han querido hacer creer. Es una expresión de dominación y subyugación de la víctima, de inmovilización, de posesión. Es cultural, la base de la violencia de género y describe “de libro” el supuesto comportamiento del precandidato a gobernador.

En estos tiempos, las autoridades nacionales tienen la obligación de respaldar también con su discurso las acciones para combatir la desigualdad de género y darnos a las mujeres la oportunidad de disminuir el 79.5% de percepción de inseguridad, que registra el Inegi en octubre de 2020, en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada en la primera quincena de septiembre de 2019.

Para ponerlo en términos terrenales, 8 de cada 10 mujeres se sienten inseguras, es decir que nuestra sensación de protección en las calles de nuestra colonia, en nuestra propia casa y/o trabajo, solo es del 24.1%. Una pesadilla.

Por otro lado, se entiende que a manos de las leyes todos los ciudadanos, incluyendo los más deleznables, tiene derecho a un correcto actuar de nuestro sistema judicial, ejecutando puntualmente los protocolos de investigación y las gestiones resultantes de la misma.

Definitivamente tenemos que conceder la presunción de inocencia hasta tener la evidencia necesaria para castigar los delitos, insisto, presuntamente cometidos, de manera contraria estaríamos incurriendo en el llamado “linchamiento”, en este caso político, que también obstaculiza el proceder de la justicia.

Pero, y perdónenme lectores si parece que me contradigo, considero que el flácido argumento de las autoridades sobre la prescripción de delito por abuso sexual, con base en la cual se desestimó la denuncia de “Paulina”, es sencillamente insultante. Y la permanencia de Salgado Macedonio en la contienda electoral emite un mensaje incorrecto, insensible y cobarde por parte de partido gobernante que se abstiene de tomar una postura firme.

En este caso, la condescendencia en favor de los intereses partidistas perpetúa la preocupante protección del depredador sobre el derecho a la justicia, a la seguridad y a la vida digna de la víctima, desechando los esfuerzos colectivos para erradicar la violencia contra la mujer en el país y apagando tantas voces, cuyo dolor queda enterrado en la obscuridad de la agenda electoral de nuestra clase política.